CASTILLA-LA MANCHA
ELECCIONES AUTONÓMICAS 2015
LOS VERDES CUENCA-GRUPO VERDE
PROGRAMA ELECTORAL
2015
1. INTRODUCCIÓN
La Era Ecológica: una alternativa real.
Hace ya muchos años que empezó a gestarse el movimiento ecologista. Décadas a lo largo de las cuales se ha ido acumulando una cantidad ingente de conocimiento sobre esta materia. Este movimiento ha cristalizado en la teoría y práctica de la ecología política puesto que los partidos verdes se han introducido en diversas administraciones publicas en varios países donde han participado y participan de las decisiones políticas.
Se ha constituido una alternativa real y necesaria frente a las ideas, un tanto trasnochadas, del resto de los partidos políticos, incluidos los de reciente creación. Esta es una respuesta reformadora, capaz de introducir cambios en la política y la economía para que podamos conseguir un mundo mejor, un mundo viable. He aquí algunos de los elementos de esta alternativa.
Una idea clave es la sostenibilidad. Tal y como vivimos, nuestra forma de producir y consumir es absolutamente insostenible. No podemos seguir consumiendo recursos naturales al ritmo que lo hacemos porque son limitados. Por tanto hemos de ir hacia formas de producción sostenibles donde adquiera un peso importante lo local.
Las políticas deben tender hacia el decrecimiento. Sin embargo los partidos situados fuera del paradigma ecológico tienen como principio fundamental el crecimiento del PIB como solución al problema del desempleo. Pero este no es un objetivo realizable. Con la actual capacidad productiva es irreal llegar al pleno empleo puesto que la cantidad de producción debería ser enorme, incluso superior a las necesidades de consumo y el planeta no podría soportar ese nivel de deterioro y de contaminación. Especialmente cuando nuestro modelo energético actual se basa en los combustibles fósiles causantes del cambio climático. Es imprescindible introducir un nuevo modelo energético basado en las energías renovables y generador de empleo verde.
Además el sistema capitalista actual no es capaz de producir una justa redistribución de la riqueza. Genera grandes bolsas de pobreza y marginación que originan sufrimiento y conflictos en la población. Persisten, al mismo tiempo grandes desigualdades entre hombres y mujeres. No sólo en los países en vías de desarrollo sino también en los países desarrollados.
Es necesario avanzar hacia un reparto del trabajo y de la riqueza más justo y equilibrado. Esto hace necesario una disminución progresiva de la jornada laboral y una fiscalidad justa y progresiva donde no tiene cabida la existencia de los “paraísos fiscales”. Éstos y la gran influencia de los grupos de poder –lobbys- son incompatibles con la transparencia y la democracia real.
El crecimiento indefinido del PIB no es la solución y, además, este indicador macroeconómico no sirve para medir el bienestar de la sociedad. A partir de un determinado nivel de crecimiento el PIB deja de suponer un incremento de la calidad de vida de los ciudadanos.
Debemos ir produciendo un cambio de rumbo en la economía que la haga menos competitiva y más cooperativa. Una economía que introduzca la ética en el mundo empresarial donde se valore a las empresas no principalmente por sus beneficios financieros sino por su contribución al bien común. Este debería ser su principal objetivo. De esta forma los beneficios puramente económicos de la empresa se situarían en un segundo plano valorándose prioritariamente aspectos como el trato adecuado a los trabajadores, su contribución a la igualdad entre hombres y mujeres o el cuidado del medioambiente. Actualmente la empresa, especialmente las grandes empresas, olvidan que su fin último es ponerse al servicio de la sociedad y no servirse de ella para sus propios fines.
Los verdes pensamos que desde el ámbito autonómico se puede y se debe contribuir al logro de estos grandes objetivos. Es decir, a la consecución de una economía sostenible respetuosa con la naturaleza, con menos desigualdades, capaz de redistribuir la riqueza y el trabajo. A un sistema productivo tendente al decrecimiento, valorando la solidaridad frente a la competitividad y las aportaciones de nuestras empresas al bien común más que los beneficios financieros de las mismas.
Se debe contribuir, así mismo, a un nuevo modelo energético, generador de empleo verde, que evite el progresivo calentamiento global.
Esta es la alternativa real y necesaria. Hemos entrado ya en la Era Ecológica.
2. CAMBIO CLIMÁTICO
Es necesario que las regiones hagan del cambio climático un
eje político transversal a todas las decisiones que se tomen adoptando las siguientes medidas:
Establecer legislaciones autonómicas en materia de mitigación
de las emisiones basadas en presupuestos de carbono de
acuerdo a las competencias autonómicas como transporte,
recursos forestales, agricultura o medio ambiente, con
objetivos de reducción de emisiones de obligado cumplimiento
en todos estos sectores
Establecer una política y una planificación autonómica de
medidas locales de adaptación al cambio climático coordinada y
coherente con otras comunidades autónomas y de acuerdo al
Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático estatal.
Declaración de la comunidad autónoma como libre de extracción
y generación con combustibles fósiles y nucleares, por ejemplo
libre de prospecciones de hidrocarburos y de fracking.
3. MODELO ENERGÉTICO RENOVABLE
Es necesaria la adopción de políticas activas que permitan una rápida transición hacia las energías renovables en manos de la gente y la promoción del ahorro y la eficiencia energética. Adoptaremos las siguientes mediadas:
Fomentar a nivel autonómico y a través de agencias regionales
de la energía la transición al nuevo modelo energético mediante
planes integrales para todos los municipios
Generar energía limpia mediante renovables en los edificios de
viviendas de las comunidades autónomas y edificios de
propiedad pública (escuelas, hospitales, bibliotecas, etc.) y en
el mismo punto de consumo para las instalaciones públicas en
municipios rurales, explotaciones agrarias y forestales.
Sustituir las fuentes de energía fósil para calefacción por
nuevos sistemas renovables y eficientes como la biomasa.
Promover el autoconsumo, la generación distribuida y
comunitaria de energía fotovoltaica, eólica y la recuperación de
pequeños saltos de agua.
Apoyo institucional a la ciudadanía para conocer las opciones de
consumo renovable en el hogar.
Apoyo institucional y económico a Pymes, industria y comercio
a nivel regional y municipal en materia de ahorro y eficiencia
energética.
Incorporar las tecnologías más eficientes en los sistemas
gestionados por la comunidad autónoma (alumbrado público,
climatización de edificios públicos y sistemas de
abastecimiento y depuración de aguas).
Poner en marcha regulaciones autonómicas para movilizar los
fondos del Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la
rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación
urbanas.
4. MOVILIDAD
El transporte es el principal
sector de emisiones de gases de efecto invernadero, provoca graves
problemas de salud debido a la contaminación atmosférica y el ruido.
Además, la construcción de infraestructuras tiene un coste
económico muy elevado y a menudo también un fuerte impacto
ambiental.
Promover planes de movilidad sostenible autonómicos y en
coordinación con los distintos municipios, uno de cuyos fines
debe ser la reducción de la movilidad motorizada, de forma
coordinada con la política urbanística.
Planes de fomento de la movilidad no motorizada y, en el caso
de la bicicleta, en combinación con el uso del transporte público.
Planes de desplazamiento peatonal y de movilidad ciclista
regional y local.
Promover los medios de transporte más limpios y eficientes y
siempre ajustados a la demanda real, fomentando los sistemas
integrados de transporte público metropolitano.
Promover el ferrocarril convencional y adaptar las características del AVE a las necesidades de todos los ciudadanos con tarifas y servicios más baratos.
Facilitar la sustitución de vehículos convencionales por eléctricos en un marco no productivista de reducción de la producción y consumo de vehículos privados y de utilización de energías renovables.
Incentivar el abandono del automóvil privado mediante medidas
fiscales y de reducción del viario urbano.
Potenciar el coche eléctrico para el servicio público y municipal,
y los puntos de recarga con energía limpias y autoconsumo.
5. URBANISMO NO ESPECULATIVO
EL desarrollo urbanístico disperso, promovido por los ayuntamientos y consentido
o alentado por las administraciones autonómicas, ha generado graves problemas de insostenibilidad,
multiplicando la ocupación territorial, la necesidad de transporte o la afección a espacios naturales.
Por otro lado, el parque urbanístico construido a toda velocidad y promovido siempre por iniciativa exclusivamente privada, ha supuesto que:
1.- no se hayan cumplido los estándares adecuados desde el punto de vista de eficiencia energética y aprovechamiento pasivo de energía
2.- no ha satisfecho las necesidades de vivienda de una parte importante de la población, que no dispone de recursos suficientes.
3.- se haya utilizado la vivienda (un derecho fundamental) como moneda de cambio y se haya especulado económicamente con este bien básico.
4.- se haya construído en torno a este mercadeo de la vivienda una crisis que ha golpeado con más dureza a las clases medias y sobre todo a los más desfavorecidos.
Desde Los Verdes consideramos fundamental que las actuaciones en materia de urbanismo se gestionen desde lo público, ya que la vivienda es un derecho fundamental equiparable a la sanidad, educación, seguridad y justicia:
En los ensanches de las poblaciones será la administración la que los desarrollará en base a criterios objetivos y fundamentados de crecimiento demográfico y socioeconómico, criterios basados en estudios propios y no en base a criterios particulares o meramente económicos.
Mediante estas actuaciones en materia de urbanismo se pretende conseguir que (en contraposición a los 4 puntos anteriores:
1.- que se cumpla por parte de estos ensanches el aprovechamiento eficiente de la energía y de los recursos naturales (p.ej. electricidad y sobre todo agua).
2.- Considerar que los ensanches han de dar cobertura de vivienda a todos los sectores económicos de la población, no sólamente a la población económicamente pudiente, sino (y sobre todo) a los más desfavorecidos.
3.- la vivienda no pueda ser “usada” como una inversión económica.
4.- moderar e incluso mitigar los efectos de la crisis.
5.- La actividad económica que se generará por el desarrollo urbanístico supondrá por un lado la creación de puestos de trabajo, los cuales serán impulsados por la administración actuante; y por otro lado dejará un beneficio económico, que aunque mucho menor que si fuera una actividad meramente privada, dicho beneficio quedará dentro de las arcas públicas.
Cumplir la legislación del sector y subordinar la actividad urbanística al interés general, recuperando la planificación y ordenación territorial desde las administraciones autonómicas y locales contando con la participación de los ciudadanos.
Apostar por las ciudades compactas y con funciones diversas, que reduzcan las necesidades de movilidad.
Siempre que sea posible, los desarrollos urbanos se realizarán ocupando los vacíos existentes (solares) cuando el área esté adecuadamente equipada de espacios verdes y deportivos.
Impulsar políticas de regeneración urbana, mejorando la habitabilidad de los cascos urbanos consolidados.
Realizar un censo de viviendas vacías y planes para incentivar su puesta en uso mediante alquileres sociales o medidas similares.
Limitar la construcción de nueva vivienda en tanto no se reduzca el parque de viviendas vacías.
Luchar contra el urbanismo ilegal, con la retirada de las competencias de disciplina urbanística a aquellos ayuntamientos que incumplan la normativa urbanística.
Transparencia y participación pública en las comisiones de urbanismo, con representación amplia de las organizaciones de
defensa ambiental.
Colaborar con las demás administraciones y promover (junto con dichas administraciones) las acciones necesarias para que la gestión urbanística de los terrenos de RENFE sean desarrollados fundamentalmente por la administración pública, siendo dicha administración/es las que estudien, diseñen, planifiquen, desarrollen urbanicen y edifiquen de modo que no se pueda edificar un número significativo de viviendas por ejemplo las justas para financiar parte del proyecto y se dedique la mayoría de este espacio potenciar el ferrocarril convencional, a zonas verdes, fomento de energías renovables y huertos ecológicos.
6. USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSO Y REDUCCIÓN DE RESIDUOS.
Las grandes corporaciones han conseguido introducir la falsa
percepción de que la calidad de vida se relacione con el sobreconsumo
de productos y servicios. Muchos productos son poco duraderos, e incluso de
usar y tirar, con lo que la excesiva generación de residuos crea serios
problemas a las comunidades autónomas y los municipios,
encargados de la gestión final.
Campañas de minimización del consumo, tanto en las compras
públicas, como en las privadas: limitación de grandes
superficies comerciales, fomento de los alimentos locales,
ecológicos y de temporada, incentivos a los mercados de
segunda mano de muebles, aparatos eléctricos y electrónicos y
textiles y lucha contra la obsolescencia programada y percibida
Actuaciones para la reducción en la generación de residuos y
para la preparación para la reutilización: incentivos a la venta a
granel, campañas de compostaje doméstico y comunitario y sistemas de recogida
para la reutilización en puntos limpios y comercios.
Mejora drástica de la recogida selectiva de los residuos para su
reciclaje: recogida separada de la materia orgánica, implantación de sistemas de
Depósito, Devolución y Retorno para los envases.
No desarrollar nuevos proyectos de incineración y eliminar los
permisos de quema de residuos en las cementeras.
Implantación obligatoria de las mejores técnicas disponibles en
la fabricación industrial, con el objetivo de alcanzar la
producción limpia.
Desarrollar planes de gestión de todos los residuos agrícolas,
forestales y ganaderos, garantizando su reutilización y
recuperación material y energética.
7. BIODIVERSIDAD.
Aplicación de las directivas comunitarias de conservación de la naturaleza. Es necesario el reconocimiento de los beneficios que aporta la
biodiversidad a los habitantes de su territorio y de su potencial para
aportar más. No compatibilizar los modelos territorial y económico con la naturaleza significa: poner en riesgo el cumplimiento de objetivos europeos y
estatales y el acceso a fondos comunitarios; reducir la capacidad de
mitigación del cambio climático y adaptación a sus impactos;
perjudicar el bienestar de las personas y el atractivo de los paisajes
naturales; y dejar pasar oportunidades para ser referentes a nivel
europeo y mundial.
Aprobar los planes de gestión de los espacios de la red Natura
2000 con calidad y medidas suficientes para conservar las
especies y los hábitats de interés comunitario.
Rechazo de la actual Ley de Caza que considera más importantes determinados intereses económicos particulares que los intereses de los ciudadanos en general y de la flora y fauna regionales.
Implantar mecanismos de integración de la biodiversidad en
todos los procesos de decisión y coordinación institucional para
minimizar los conflictos y maximizar las sinergias entre la
conservación del patrimonio natural y otras políticas como
economía y desarrollo, agricultura y ganadería, urbanismo y
turismo, agua, gestión forestal, energía, caza.
Favorecer la conectividad ecológica mediante planes de
ordenación del territorio a escala de paisaje, con la implantación
y mantenimiento de infraestructuras verdes, las zonas
inundables, las vías pecuarias y los montes catalogados.
Poner en marcha las medidas de gestión adecuadas para
prevenir la entrada de especies exóticas invasoras y frenar su
expansión.
Prohibir las modalidades de caza más insostenibles y crueles
( lanceo o caza de especies durante
su periodo de reproducción), poner en marcha exámenes del
cazador obligatorios y regular los vallados cinegéticos para que
sean permeables para las especies no cinegéticas en toda su
extensión.
Aprobar planes autonómicos para impulsar la recuperación de
especies amenazadas, la restauración de ecosistemas
degradados y abordar otros temas como el uso de veneno, la
gestión del conejo y la alimentación de aves carroñeras.
Respetar todos los espacios naturales protegidos evitando prácticas agrícolas perjudiciales como en el caso de Manjavacas en Mota del Cuervo donde se están utilizando emparrados verticales dentro de un espacio protegido.
8. DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS ANIMALES.
El desarrollo cultural de una sociedad se puede medir por cómo trata a
sus animales. Y por tanto debemos vivir en sociedades sensibles al
maltrato animal y a la defensa de los derechos de los animales. Pero
en nuestro país queda mucho camino por recorrer: seguimos
asistiendo a todo tipo de espectáculos y demostraciones públicas de
uso y abuso de animales con fines económicos, lúdicos, publicitarios o en nombre
de las tradiciones. La erradicación del maltrato animal y la
sensibilización sobre su protección son tareas que todo gobierno
local o autonómico debe tener en consideración.
Desarrollar o reformar leyes de protección animal en cada
comunidad autónoma, que tipifique sanciones ejemplarizantes
en caso de abandono o maltrato animal.
Promover una legislación ambiciosa sobre parques zoológicos en los que se evite la creación de nuevos centros y
se priorice las acciones de conservación, investigación y
educación en los centros existentes.
9. AGRICULTURA Y GANADERÍA ECOLÓGICAS
Tal y como insisten sucesivos relatores
especiales de la ONU, la mejor opción para alimentar el mundo de
forma respetuosa con el planeta y las personas es un giro claro hacia
un enfoque agroecológico en la producción y consumo de alimentos.
Mantener los sistemas agrarios y forestales en la Red Natura
2000 y otros de alto valor natural (dehesas, prados y pastos
extensivos, secano…) con apoyo al relevo generacional y la
transformación y venta directa por los propios productores.
Aprobar planes específicos con medidas que favorezcan la
ganadería ecológica, extensiva y la trashumancia, dirigidas a apoyar la
actividad en sí, divulgar su beneficios ambientales y sociales,
facilitar y fomentar la transformación y compraventa de sus
productos (carne y embutidos, lácteos, lana) y garantizar la
coexistencia con la fauna salvaje.
Gestionar las medidas de desarrollo rural con los contratos
territoriales por explotación y apoyar herramientas de gestión
participativa, como la custodia del territorio y los usos
comunales.
Aprobar un programa para expandir la producción agroecológica
en el ámbito autonómico en manos de pequeños agricultores y
con la incorporación de jóvenes al campo.
Reducir el despilfarro de materiales y energía en el sector
potenciando el consumo de frutas, verduras y legumbres,
disminuyendo la ingesta de carne pero apoyando la de calidad,
luchando contra el malgasto de alimentos y apoyando los
productos locales y de temporada, certificados, a través de la
venta directa y cadenas cortas.
Aplicar la Directiva de Uso Sostenible de los Plaguicidas con la
introducción obligatoria de programas y planes de gestión
integrada de plagas en las explotaciones, con calendarios y
objetivos claros de reducción del uso de plaguicidas y fomento
de métodos ecológicos.
Prohibir los cultivos transgénicos comerciales al amparo de la
nueva legislación europea y rechazar cualquier petición de
experimento al aire libre.
10. DESARROLLO RURAL Y LUCHA CONTRA LA DESPOBLACIÓN.
La despoblación es uno de los grandes problemas con los que se enfrenta Castilla-La Mancha en su conjunto. Se trata de una situación límite en amplias áreas de las provincias de Guadalajara y de Cuenca, siendo además esta última la provincia que más ha acelerado su proceso de despoblación en las últimas décadas en España. Comarcas enteras afrontan en los próximos años la posibilidad de un vacío poblacional casi completo. Desde Los Verdes planteamos una serie de medidas para fijar población y evitar así esta dramática situación.
Acceso a una vivienda asequible. La administración autonómica colaborará con las entidades locales para facilitar un parque de viviendas de alquiler a precios asequibles para la población. Para ello se incentivará la creación de viviendas públicas, se facilitarán los trámites y se primará con beneficios fiscales a los particulares que alquilen su vivienda en los entornos rurales a precios moderados o bajos.
Generación de empleos estables y sostenibles. La temporalidad y falta de proyección de muchos puestos de trabajo en los entornos rurales, dificulta que las familias se planteen vivir en ellos de forma permanente y que los trabajadores opten por trasladarse a los mismos cada jornada de trabajo. Para parar esta tendencia hay que generar puestos de trabajo estables y sostenibles en el largo plazo y que dependan de los recursos y facilidades del entorno. Fomentaremos la desestacionalidad de la oferta de empleo relacionada con la gestión forestal, la agricultura, la ganadería, el turismo rural, la educación, la sanidad, el transporte y los servicios en entornos rurales, el mantenimiento de los pueblos y su entorno y el cuidado de las personas residentes en los mismos.
Garantía de acceso a una educación pública, cercana y de calidad. Si no hay acceso cercano y de calidad a la educación, las familias tenderán a abandonar las poblaciones afectadas, la medida de rebajar el número de niños para mantener los colegios rurales se ha demostrado nefasta y proponemos reabrir o abrir de nueva creación colegios a partir de los cuatro alumnos. Garantizaremos el acceso cercano a centros de educación primaria y secundaria y la creación de más centros de educación profesional relacionados con la gestión de recursos del entorno rural.
Garantía de acceso a una sanidad pública, cercana y de calidad. Otro de los limitantes para la población de los entornos rurales, es el acceso a una sanidad pública, cercana y de calidad. Proponemos que se mantengan e incrementen los servicios sanitarios en toda la comunidad autónoma y, muy especialmente en las comarcas más afectadas por la despoblación.
Servicios de cuidados y dependencia. Con una población muy envejecida, la garantía de los servicios de atención a las personas residentes es clave para que estas no se vean obligadas a abandonar sus viviendas y puedan disfrutar de su vida en el lugar y en la forma en que han elegido vivirla. Proponemos ayudas a la dependencia y a los cuidados de las personas mayores y facilitar la oferta de dichos servicios por parte de las entidades locales.
Una red eficiente de transporte público. La población residente en los entornos rurales tienen derecho a una movilidad que facilite su acceso al empleo, la educación y los servicios. Para ello proponemos el refuerzo de las líneas y las frecuencias de autobuses y la recuperación de las paradas y frecuencias de la línea de tren convencional. Facilitar el acceso a medios de transporte público evitará además la dependencia de la población de los vehículos privados.
Aumento de la autogestión local. Nadie conoce el territorio y sus recursos mejor que sus propios habitantes por lo que proponemos incentivar mayores grados de autogestión de las entidades locales y de las juntas vecinales. Nos opondremos a la pérdida de soberanía y autonomía de las poblaciones pequeñas y propondremos más ayudas y herramientas para que éstas tiendan a la autosostenibilidad.
11. GESTIÓN PÚBLICA Y SOSTENIBLE DEL AGUA
Para garanizar una gestión pública y sostenible del agua y el buen estado de las masas de agua es necesario que las políticas
sectoriales, competencia de las comunidades autónomas, minimicen
el consumo de agua, garanticen caudales ambientales parecidos al
régimen natural y aseguren la calidad del agua disponible. Las
administraciones encargadas de agricultura, urbanismo, turismo e
industria deben respetar el Dominio Público Hidráulico, las llanuras de
inundación, y evitar la contaminación difusa o los usos excesivos. En
vez de más embalses hay que promover el ahorro y la depuración del
agua y garantizar la gestión pública de un bien público.
Modificar la política de trasvases, en especial en lo concerniente al trasvase del Tajo, para acercarla a una gestión sostenible de los recursos hídricos con criterios ecológicos, la adecuada gestión de los medios agrícolas y con criterios de equidad social respetando los intereses de todas las comunidades.
Asegurar el ahorro real de agua para los usos agrícola,
doméstico e industrial a través de la modernización de
infraestructuras y sistemas obsoletos de riego y distribución,
asegurando que dicho ahorro contribuya al buen estado de las
masas de agua.
Establecer caudales ambientales en todos los tramos de ríos
que garanticen la permanencia de la vegetación de ribera y de la
fauna piscícola autóctona con unos niveles de población
adecuados.
Reducir la contaminación de ríos y humedales, promoviendo
buenas prácticas de fertilización, manejo de suelos y
depuración de aguas y reduciendo el uso de plaguicidas,
mediante el fomento del control natural de plagas.
Depurar las aguas residuales mediante la construcción de
depuradoras de agua en pequeños núcleos de población
basadas en humedales artificiales. Mantener, ampliar y
modernizar las depuradoras con la recuperación de los costes
del agua.
Reconocer el agua como bien público y promover el control
público del uso del agua, evitando excesos en las extracciones
e incentivando el uso responsable y la recuperación de los
costes económicos, ambientales y sociales. Garantizar el
derecho humano al agua a hogares con pocos recursos.
Promover la gestión de la demanda del agua en las ciudades,
redactando ordenanzas que obliguen a la instalación de
sistemas ahorradores en viviendas, instituciones públicas y
privadas e industrias y a limitar el uso del agua en jardinería.
12. GESTIÓN DE BOSQUES
Necesitamos una política forestal que valore adecuadamente los montes, prevenga los
incendios forestales, recupere las zonas degradadas y promueva en la
sociedad los valores ambientales y sociales que atesoran nuestros
bosques.
Apoyar la gestión responsable de los bosques y promover el
incremento del número de montes con instrumentos de
gestión, el asociacionismo y los modelos tipo de gestión para
superficies forestales pequeñas, los mercados para los
productos forestales sostenibles y la certificación FSC.
Diseñar planes específicos de prevención de incendios en las
zonas de alto riesgo, que identifiquen las masas más
vulnerables a sufrir grandes incendios forestales, adopten medidas
para reducir el número de conatos e incendios, exijan planes de
evacuación y defensa frente a incendios e integren la
agricultura y la ganadería extensiva en las labores de
prevención.
Impulsar programas de restauración forestal e hidrológica que
mejoren la diversidad de las masas forestales, recuperen las
llanuras de inundación; establezcan zonas prioritarias de
restauración con criterios ecológicos, sociales y económicos e
impliquen a la población local en su mantenimiento y gestión.
Potenciar los cuerpos de agentes forestales o
medioambientales, para lograr un sistema de vigilancia efectivo
del medio natural. Trabajar para que las competencias de estos profesionales no se vean mermadas y puedan seguir realizando sus funciones actuales. Sería aconsejable contribuir desde la CC.AA a dar homogeneidad a estos trabajadores tanto en el nombre (policía medioambiental) como en su uniforme y materiales de trabajo, especialmente vehículos de transporte. También es conveniente su asimilación al 112 y la coordinación de sus competencias con los cuerpos de seguridad para mejorar la eficacia de sus actuaciones.
Otorgar a los integrantes de las Brigadas de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIFS) de la categoría de bomberos forestales. Procurar la estabilidad en el trabajo, dotándoles de las remuneraciones adecuadas a su importante y arriesgada actividad profesional. Ofrecerles la oportunidad de una segunda actividad cuando, debido a la exigencia de su trabajo, no puedan seguir realizando las funciones de bomberos forestales.
13. GESTIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS PELIGROSOS.
La contaminación química es uno de los grandes problemas
ambientales de nuestro tiempo, y las políticas de las comunidades
autónomas pueden ayudar tanto a reducirla como a disminuir la
exposición de la población y del resto de seres vivos a estas
sustancias. Algunas de ellas resultan especialmente peligrosas, como
los compuestos orgánicos persistentes, los metales pesados o los
alteradores hormonales, porque interfieren sobre nuestra salud a
concentraciones muy bajas.
Los alteradores hormonales se encuentran en plaguicidas, plásticos,
cosméticos, productos de higiene y otros artículos de uso cotidiano y
son especialmente peligrosos para mujeres embarazadas, niñas/os y
adolescentes. La fumigación de parques y jardines y el uso de
plaguicidas en espacios o centros públicos cerrados exponen a la
población a estos contaminantes. Uno de los herbicidas más usados
en zonas urbanas, el glifosato, ha sido declarado posible carcinógeno
por la OMS. Otras sustancias, como los neonicotinoides acaban con las
abejas y otros insectos, imprescindibles para la polinización.
® Prohibir el uso de plaguicidas peligrosos. Usar métodos de lucha
alternativos contra plagas y de control de malas hierbas que no
utilizan sustancias químicas tóxicas. Fomentar la agricultura,
ganadería y jardinería ecológicas.
No utilizar glifosato, declarado posible carcinógeno por la OMS,
en fumigaciones en parques y jardines y espacios públicos como
centros escolares y sanitarios.
Elaborar y aplicar estrategias regionales para limitar el uso de
productos alteradores hormonales, por ejemplo, a través de los
criterios de compra pública.
Informar y formar a sanitarios, educadores y periodistas. Los
profesionales en contacto con la población más sensible deben estar adecuadamente informados de los riesgos para la salud
de la exposición a los contaminantes hormonales y otros
productos tóxicos y persistentes para ofrecer recomendaciones
que reduzcan la exposición a estas sustancias.
14. JUSTICIA AMBIENTAL Y SOCIAL.
La explosión de los intercambios comerciales de larga distancia en las
últimas décadas ha provocado graves impactos ambientales y
sociales. El incremento desmesurado del transporte de mercancías, la deslocalización de la producción, la especulación y, en definitiva, un
comercio al servicio de los mercados y no de las personas ni de la
naturaleza, se debe cambiar para situar a la justicia ambiental y social
en el centro de las políticas comerciales. Si bien las grandes
orientaciones comerciales se deciden en otros ámbitos, las
comunidades autónomas tienen en sus manos fomentar la
relocalización de la producción, en particular con la compra pública, y
contribuir a los debates en torno a las políticas, como por ejemplo los
acuerdos comerciales con otras partes del mundo.
El TTIP (Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones UE-EE.UU)
por ejemplo, ahondará en la liberalización de los servicios públicos,
impidiendo que las comunidades autónomas los gestionen de manera
pública, y amenazará el desarrollo de legislaciones ambientales (por
ejemplo de prohibición del fracking o de transgénicos) pues las
transnacionales podrían denunciarlas ante instituciones de arbitraje,
lo que redundaría en una grave pérdida de soberanía.
Establecer criterios de compra pública responsable que
prioricen productos locales y obtenidos bajo estándares de
sostenibilidad: agricultura ecológica, productos certificados,
comercio justo, etc.
Apoyar económicamente iniciativas de comercio local y
sostenible, en particular a través de los Programas y Planes de
Desarrollo Rural.
Presionar a las autoridades estatales y las instituciones
europeas para que se opongan a la firma del TTIP.
15. SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD: SANIDAD, EDUCACIÓN, DEPENDENCIA Y AYUDA EXTERIOR.
En sanidad resulta necesario volver a la situación existente con anterioridad a la crisis. Invirtiendo en la sanidad pública y recuperando todo lo perdido en cuanto a recurso humanos y materiales. Se hace necesario potenciar los hospitales públicos, los centros de salud, los consultorios médicos de los pueblos, las urgencias, la disminución de las listas de espera. Creemos necesaria la paralización del proceso privatizador más o menos encubierto tanto en la sanidad como en la educación y tratar de mejorar la gestión pública de los servicios parando el flujo de capital físico y humano a la educación y sanidad privadas en detrimento de lo público.
Apostar por una educación pública de calidad eliminando los múltiples recortes a los que ha sido sometida y que la degradan al mismo tiempo que suponen la pérdida de miles de puestos de trabajo.
Presionar para que se bajen las ratios porque esto es un elemento de calidad fundamental. Más alumnos por aula suponer una atención menor y sobrecargas para el profesorado que no puede realizar su trabajo con la eficacia deseada. Esto es especialmente necesario en la etapa de educación infantil.
Reducir el límite para la supresión de escuelas unitarias a un mínimo de cuatro alumnos. Con este número de alumnos la escuela seguiría abierta. Esta medida es necesaria para que muchas zonas rurales no pierdan población joven.
Procurar un funcionamiento verdaderamente democrático de los centros, donde el director sea elegido por toda la comunidad educativa en lugar de la administración educativa y donde todos los miembros de claustro puedan exponer libremente sus opiniones e ideas y llevar a cabo la práctica docente desde el respeto a la libertad de cátedra y al estilo de enseñanza de cada maestra o maestro.
Dotar a las secciones bilingües de los recursos humanos y materiales suficientes para que la enseñanza en ellas cumpla unos estándares de calidad suficientes. No abrir una sección bilingüe has que no se hayan satisfecho estas exigencias evitando la instrumentalización política de estos centros.
En el tema de la dependencia creemos necesario un regreso a los estándares en la meteria como mínimo igualando el nivel de asistencia previo a la crisis económica iniciada en EE.UU. en el verano de 2007.
Incluir, en todo caso, un incremento del presupuesto al menos como el existente antes de 2012 y la misma medida para cooperación con las ONGs.
16. FISCALIDAD SOSTENIBLE
A pesar de la existencia de numerosos instrumentos económicos y
fiscales reconocidos por las instituciones y los expertos como
herramientas eficaces de política ambiental, éstos no han sido
aplicados ampliamente. Es urgente desarrollar un modelo de
fiscalidad verde que desplace la presión fiscal sobre el trabajo hacia el
consumo de recursos naturales y el deterioro del medio ambiente.
Igualmente es necesario penalizar la contaminación y primar los
comportamientos ambientalmente adecuados.
Promover beneficios fiscales a la gestión y certificación
forestal, agraria y pesquera.
Impuesto de matriculación sobre la base de las emisiones de los
vehículos e impuesto de circulación configurado sobre la base
de las emisiones contaminantes.
Impuesto sobre el cambio de usos del suelo.
Impuesto para el servicio de gestión de residuos, definiendo las
tasas sobre la base de criterios ambientales.
Impuesto al vertido y la incineración.
Impuesto de Bienes Inmuebles modular según la certificación
energética.
Penalizar las viviendas vacías con un incremento del IBI.
17. DEMOCRACIA AMBIENTAL
Llevar a cabo las reformas necesarias en las instituciones públicas
para dar un salto cualitativo en la gobernanza ambiental en España es
un proyecto de renovación y maduración democrática de varias
legislaturas. Es prioritario corregir el incumplimiento repetido de la
normativa ambiental, con frecuencia de directivas europeas que son
competencias de las comunidades autónomas, que perjudica la
imagen del país, el bienestar humano y la economía. Además de la
corrupción y el mal uso de los fondos públicos, se detectan otros
problemas graves asociados a la transparencia, la participación
pública y la justicia, que se deberían reconocer y debatir antes de
implantar soluciones consensuadas.
Definir organigramas y procesos en los gobiernos ejecutivos y
parlamentos que faciliten la coordinación y la coherencia entre las políticas ambientales y demás políticas y entre las
instituciones autonómicas y estatales.
Publicar un memorándum ambiental para acompañar los
presupuestos anuales de la comunidad autónoma y los
proyectos de ley más significativos.
Disponer de información actualizada y fácilmente accesible, en
registros públicos e informes anuales de recopilación, sobre el
estado y tendencias del medio ambiente, las causas de mejora o
declive y las medidas tomadas para estudiar, mantener y
mejorar la calidad ambiental.
Establecer planes transparentes de cumplimiento de la
normativa ambiental, con objetivos, presupuestos, medidas,
responsabilidades y rendición de cuentas periódica.
Publicar las actas de todas las reuniones de órganos de debate
y toma de decisiones con implicaciones para el medio ambiente.
Fomentar la participación pública activa en los debates y la
toma de decisiones con relevancia ambiental.
Garantizar la presencia de organizaciones de defensa ambiental en los órganos de participación relacionados con el medio ambiente.
18. IGUALDAD
Consideramos injusto el trato diferenciado que se sigue dando en nuestra sociedad, en la cual se permiten situaciones en el mundo laboral en las cuales una mujer cobra menos que un hombre por realizar el mismo trabajo.
Tampoco es justo que la mayoría de los puestos de responsabilidad en el mundo empresarial estén ocupados por hombres. Pensamos que es necesario promover la participación y la igualdad entre hombres y mujeres adoptando las medidas necesarias para que la igualdad sea efectiva en todos los ámbitos de manera que llegue un momento en el cual carezca de sentido plantear este problema porque se haya llegado a una igualdad efectiva y real.
19. AIRE SANO Y DESCONTAMINACIÓN ACÚSTICA.
Una de cada tres
personas que viven en nuestro país respira aire que en algún
momento supera los índices legales permitidos. Pero si nos fijamos en
las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que
debería ser la referencia y el objetivo a cumplir para las comunidades
autónomas, son más de 9 de cada 10 personas las que respiran aire
malsano. España tiene abiertos varios procedimientos de
infracción por incumplimiento de la normativa de calidad del aire, por
lo que una acción decidida en este ámbito resulta urgente e
imprescindible. Así mismo, el ruido excesivo tiene una influencia muy
negativa sobre nuestra salud, por lo que también son necesarias
intervenciones decididas para reducirlo.
Más allá de cumplir la ley, lo que no siempre ocurre, marcarse
como objetivo el ajustarse a las recomendaciones de la OMS
para conseguir la adecuada protección de la salud de la
población.
Elaborar y aplicar planes eficaces de reducción de la
contaminación a escala autonómica, en coordinación con los
municipios, poniendo especial énfasis en el control de los
principales emisores: el tráfico en zonas metropolitanas y
determinadas instalaciones industriales.
Reducir y pacificar el tráfico dentro de planes de lucha contra la
contaminación acústica, al ser el principal generador de ruido en
zonas urbanas.
Elaborar normativas que impongan a las industrias el uso de las
mejores técnicas disponibles para el control de sus emisiones.
Realizar campañas informativas que permitan reducir la
exposición de la población a los contaminantes atmosféricos.
20. DERECHOS LABORALES
Consideramos que en el ámbito autonómico se debe contribuir a la recuperación de los derechos perdidos de los trabajadores generando unas relaciones laborales más justas y equilibradas. Se debe tratar de igualar el peso de los rendimientos de trabajo con respecto a los del capital que han salido injustamente incrementados tras la crisis.
Desde nuestra autonomía se debe procurar ayudar a las pequeñas y medianas empresas, que generan buena parte del empleo, defendiéndolas frente a las grandes empresas que, en la práctica, disponen de enormes ventajas fiscales y de todo tipo.
Al mismo tiempo deben ser objeto de apoyo y atención los trabajadores autónomos procurando una fiscalidad justa y adecuada para ellos y una asistencia social similar a los demás trabajadores.
21. CONTRA EL CEMENTERIO NUCLEAR (ATC)
La elección del emplazamiento para el ATC, está plagada de irregularidades lo que la convierten en un proceso irresponsable para con las generaciones futuras. Las decisiones sobre la gestión de los residuos más peligrosos e inestables con los que trata el ser humano, deben ser tomadas tras un estudio serio y pormenorizado de las diferentes alternativas, un estudio que necesariamente debe ser realizado por técnicos, no por políticos y que debe ser transparente y democrático. Defendemos como primer paso el necesario calculo de la cantidad de residuos y, para ello se ha de decidir un calendario de cierre de las Centrales Nucleares. La potencia energética instalada en nuestro país es muy superior a la demanda, con lo que, la procedente de la Energía Nuclear, es sustituible y el plazo de cierre de todas las centrales, no debería abarcar más allá de unos pocos años. Una vez que se disponga del cálculo de la cantidad de residuos, habría que estudiar la gestión definitiva de los mismos.
Entre las alternativas actuales para la gestión definitiva de los residuos parece destacar el Almacén Geológico Profundo (AGP) y, esa ubicación, debería ser la más estable posible en nuestro país, aunque los mismos expertos no descartan otras alternativas. Si los residuos deben ubicarse en algún tipo de almacén mientras esperan a su gestión definitiva, esta opción debe ser tomada en un proceso igualmente técnico y transparente. La opción de almacenaje aparentemente menos compleja son los ATIs (Almacenes Temporales Individualizados), que la mayoría de las centrales ya han construido o están en proceso de hacerlo y, que evitarían, buena parte del peligroso proceso de transporte, si en cualquier caso, los expertos dictaminasen que un Almacén Temporal Centralizado es mejor opción, debería realizarse en un lugar muy estable y cercano al destinado para la ubicación definitiva, mediante otro proceso igualmente técnico y transparente.
El proceso para la ubicación del Cementerio Nuclear en Villar de Cañas no ha seguido ninguno de los pasos que se deberían haber dado. No se ha realizado un calendario de cierre de las centrales, con lo que no podemos saber a ciencia cierta la cantidad de residuos, no se ha planteado seriamente la gestión definitiva de los residuos y se ha elegido el lugar en un proceso que ni ha sido técnico, ni transparente, ni democrático, un proceso que ha obviado el 99,9 % del territorio nacional y que incluso entre ese 0,1 % de municipios candidatos, se ha basado en una decisión meramente política.
Los terrenos son inadecuados, el proceso de elección ha sido opaco y político. El proyecto del ATC es un fiasco con el que se pretende enriquecer a unos pocos y sobretodo es una tremenda irresponsabilidad. Por todo ello Los Verdes tenemos la firme determinación de oponernos a su construcción, parar definitivamente el proyecto y proponer un proceso serio que paralice la producción de residuos nucleares yestudie cual es la mejor opción para su gestión.
CASTILLA-LA MANCHA
ELECCIONES AUTONÓMICAS 2015
LOS VERDES CUENCA-GRUPO VERDE
PROGRAMA ELECTORAL
2015
los verdes cuenca 